El colectivo de las viudas de la generación que alumbró el llamado baby boom atraviesa serias dificultades. Alrededor de un 30% de estas mujeres vive en el umbral de la pobreza o corre riesgo de exclusión social. Las viudas que han quedado al margen de los planes de igualdad representan tres millones de personas en toda España, unas 340.000 en Catalunya. La mayoría de ellas trabajaron siempre en casa, al cuidado de la familia en unos años muy difíciles. Por eso no constan como cotizantes en la Seguridad Social y no disponen de pensión de jubilación. El actual contexto de crisis económica empeora la situación de las viudas, especialmente de aquellas de más edad que viven solas y constituyen un nuevo tipo de pobreza invisible en las grandes ciudades.

En junio, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno, a petición del grupo parlamentario de CiU, a mejorar las pensiones de viudedad, una medida necesaria cuya plasmación, no obstante, podría retrasarse a causa de las negociaciones de la nueva ronda del pacto de Toledo. Actualmente, la pensión media de viudedad de las mujeres es de 540 euros al mes, por debajo de los 552,4 euros mensuales de la llamada renta de suficiencia de Catalunya. Las administraciones públicas no cumplen con las viudas ni el compromiso mínimo que se ha establecido como barrera objetivable entre una existencia en la miseria y una existencia digna.

Estamos hablando de un asunto de justicia que no puede demorarse. La edad avanzada de muchas de estas personas exige una respuesta oficial urgente, clara y diligente que ponga fin a una excepción insostenible e impropia de los mecanismos de protección social. El Gobierno, de acuerdo con el resto de las administraciones, debe desbloquear esta anomalía de manera inmediata, dado que nuestra sociedad no puede permitirse una grieta de insolidaridad tan evidente en contra de las generaciones que atravesaron las décadas más inclementes de nuestra historia reciente. El bienestar del que gozamos en España hoy es fruto también del esfuerzo de millones de mujeres que, siempre en silencio, dedicaron los mejores años de su vida a trabajar en sus hogares, sin reconocimiento social ni compensación económica alguna.

Pioneras en las estrecheces del mileurismo obligado y sin apenas capacidad para hacer llegar sus demandas a la opinión pública, no es de recibo que las viudas deban seguir mendigando en cada ventanilla oficial lo que en justicia les corresponde. Ha llegado la hora de que el Gobierno actúe para solucionar un problema que golpea diariamente la conciencia colectiva.

La Vanguardia-Editorial (8.12.2008)

¿Cómo era eso de ‘Estado aconfesional?

La decisión judicial de retirar los crucifijos de un colegio de Valladolid vuelve a demostrar el peso que la Iglesia católica mantiene en espacio públicos, tras 30 años de la declaración de aconfesionalidad del Estado.

La necesidad de la separación entre Iglesia y Estado ha vuelto a quedar en evidencia. Treinta años después de la aprobación de la aconfesionalidad del Estado, esta es una tarea pendiente. “Se estaban incumpliendo los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, como se refleja en la sentencia: ‘El Estado no puede adherirse ni prestar su respaldo a ningún credo religioso ya que no debe existir confusión alguna entre los fines religiosos y los fines estatales”, explica Fernando Pastor, uno de los impulsores de la denuncia que realizó la Asociación Cultural Escuela Laica (ACEL) para que los crucifijos no se mantuvieran en el colegio público Macías Picavea de Valladolid.

Una sentencia que se hizo pública días antes de las celebraciones del 30º aniversario de la Constitución. Una demostración de la influencia que, más de 30 años después de finalizar el régimen nacionalcatolicista, mantiene la religión católica en el Estado español. A pesar de la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid estos crucifijos continúan en su sitio. Al igual que en el colegio Isabel La Católica de dicha localidad, donde existe otra denuncia similar.

“La Junta de Castilla y León había decidido no recurrir, pero según nos han filtrado, tras una reunión con el Arzobispado y algunos miembros de los sectores religiosos más integristas, han cambiado de posición”, denuncia Pastor. No es la primera vez que la escuela se rebela ante la simbología religiosa. Desde 2004 más de 50 organizaciones se han reunido en la campaña ‘Por una escuela laica: Religión fuera de la escuela’, entre ellas la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que exige “la retirada de todo tipo de simbología religiosa de las instalaciones de los centros educativos públicos, para garantizar los derechos de todo el alumnado”.

Es muy “difícil saber si en alguno de los 16.000 centros escolares no universitarios de titularidad pública existen. A no ser que haya una denuncia de por medio”, aclara Francisco Delgado, presidente de Europa Laica.

Más allá de los colegios


Los privilegios de la Iglesia llegan también fuera de las aulas, y eso que con ella están relacionados el 80% de los centros concertados. La lista se alarga hasta su presencia en el Ejército, los beneficios fiscales o la jura ante la Biblia de altos cargos gubernamentales. “La sentencia de Valladolid ha de servir de punto de partida para un proceso de ‘desclericalización’ de la sociedad española. No sólo debe afectar a a las escuelas, también tanto a la escasa neutralidad del Estado en cuanto a la exhibición de iconos religiosos en el espacio público, como a las fuentes de financiación de las iglesias.

No olvidemos que en estos días comenzaremos a ver belenes en delegaciones de Hacienda o ayuntamientos, por ejemplo. Pero al mayor obstáculo al que nos enfrentamos en esta supuesta democracia es el concordato con el Vaticano”, denuncia Paco Miñarro, coordinador de la Federación Internacional de Ateos (FIdA). “¿Símbolos religiosos en edificios públicos? Ni de coña. ¡Denúncialos!”, es la campaña que esta asociación acaba de iniciar en el blog nosimbolos.blogspot.com.

Pero no siempre es la Iglesia la que acude a los organismos públicos. Los máximos representantes políticos también presiden procesiones y actos religiosos, al igual que miembros de la policía o militares, y todavía persisten los funerales católicos de Estado. “Los miembros de la corporación municipal de Zaragoza, por ejemplo, están obligados por un reglamento de protocolo a asistir a actos solemnes como la celebración del Corpus o del Viernes Santo”, explica Antonio Aramayona de Movimiento Hacia un Estado Laico.

Una postura también defendida desde sectores confesionales para evitar polémicas. “Abogamos por un ‘pacto por la laicidad’ entre confesiones religiosas y el Estado que regule todas estas situaciones”, explica Raquel Mallavibarrena, de Somos Iglesia, colectivo que también forma parte de Redes Cristianas que en septiembre denunciaba en el Manifiesto por la Laicidad “la actual presencia de la religión confesional católica en el sistema educativo y en la escuela pública y concertada” y que defiende la laicidad escolar.

El PSOE mira para otro lado Aunque los socialistas de Castilla y León exigieron inmediatamente a la Junta que aplicara la resolución judicial, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, apostaba por respetar la autonomía de cada centro para decidir sobre la presencia o retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos, en contra de la sentencia hecha pública unos días antes en Valladolid. “El PSOE mantiene una continua doble moral. Se considera laicista, pero no quiere suscitar la tormenta de una polémica. Le tiene pánico a la Iglesia porque tiene una estructura diseñada para movilizar a masas, y mucha experiencia en hacerlo”, explica Mila Carrero, de Cáceres Laica.

Y mientras, la Iglesia sigue a lo suyo. Tras ser reelegidos los máximos representantes en la XCII asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, su portavoz, Juan Antonio Martínez, afirmaba: “La presencia de los símbolos religiosos en la vida pública es una garantía de libertad frente al totalitarismo”. Una postura que Miñarro incluye en el ‘laicismo inclusivo’ que considera “la identificación del crucifijo con una ‘herencia cultural y filosófica’ europea”.

“Una corriente mayoritaria en el aparato del PSOE que está abierta a la colaboración con las diversas iglesias. Pero este ‘multiconfesionalismo’ no tardará en mostrar sus deficiencias”, denuncia el coordinador de FIdA. Aunque en 30 años la aconfesionalidad no ha logrado imponerse a una de las rémoras de la herencia franquista.

Hace unos días recibí una invitación para participar en un debate – coloquio dentro de un programa de TV3, uno de los dos canales de televisión en catalán existentes en Cataluña. El tema genérico del coloquio era sobre si son, o no, procedentes las ayudas públicas a las PYMES, pero el conductor del programa, muy hábilmente, dejó que las cosas tomasen el cauce que los participantes decidiésemos, y, entre los temas que se tocaron, estuvo el estado en que se halla el subsector del automóvil. (Yo, como me figuraba que el tema iba a salir, me preparé una chuleta con cuatro datos).

La radiografía del subsector del automóvil en el reino, lo cierto es que es ambivalente. Entre 1997 y el 2007 la productividad del factor trabajo medida en automóviles fabricados por cada trabajador en un año, ha crecido; la facturación por trabajador, también; pero el beneficio por automóvil fabricado oscila, al igual que los beneficios generados por cada trabajador. Sin ser un experto en el tema, me atrevería a decir que la foto del subsector no es mala; pero lo cierto es que la cosa no se acaba con una foto.

El automóvil, en todas partes, es un bien ‘tocado’ que dentro de muy poco tiempo va a convertirse en maldito; ¿por qué?. Para empezar, en el subsector, en todos los países en los que hasta ahora podía adquirirse un automóvil de valor añadido significativo existe un exceso de capacidad productiva clamorosa, ¿debido a qué?, pues debido a la desaparición de la forma como esos automóviles se han venido adquiriendo: a crédito.

La inmensa mayoría de los automóviles se compran a crédito: se pagan a plazos. Caídas en la concesión de créditos repercuten en la venta de automóviles, de forma inmediata, de forma automática, lo que, obviamente, incide en la venta de automóviles, pero eso no es todo.

En el último estudio sobre circulación rodada elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona se daba un dato extraordinario: la ocupación media de un automóvil medio en un trayecto medio medida en personas por vehículo está actualmente en 1,3; me imagino que otros estudios de otros ayuntamientos mostrarán cifras parecidas. ¿Qué significa esto?, pues que el automóvil es un medio de transporte muy, muy ineficiente; en términos energéticos, claro, pero no sólo.

En un automóvil, en cualquier automóvil, por muy sencillo que este sea, intervienen una ingente cantidad de elementos: desde acero a cristal, desde aluminio a manganeso, desde pintura a lubricantes; y en la obtención de todos esos componentes se han utilizado un número enorme de otros materiales y de … energía. Si a la utilización antes referida añadimos el bajísimo uso que se hace del automóvil (seguro que Uds. conocen varias personas que con su flamante automóvil recorren bastantes menos de 5.000 Km. al año), lo que tenemos es un medio de transporte superultraineficiente por su baja utilización y su reducidísimo uso.

Hubiese estado bien que a ese coloquio en el que participé hubiese sido invitado el CEO de una gran compañía automovilística (igual se invitó a alguno y declinó la invitación), hubiese estado bien porque se hubieran podido hacer ir las cosas para que hablase del gran tema, de la tormenta perfecta que se está formando sobre el automóvil: un bien ineficiente, del que existe un exceso monstruoso de capacidad productiva y que se vende a crédito: ¡vaya bombón!.

Porque claro, cuando las cosas ‘van bien’ todo el mundo puede ser propietario del coche-que-Uds.-ya-saben solicitando un crédito a diez años o, sin llegar tan lejos, comprar el coche-del-anuncio pagando el equivalente de un par de cafés al día, pero cuando las cosas no van bien, un coche tiene que durar, o hay que pasarse al ecologismo e ir en bici o en bus (movido por gas o por hidrógeno, naturalmente).

¿España?. Pues que quieren que les diga. En el 2007, el 82% del total de turismos producidos en el reino se exportaron, sobre todo a Francia, The UK, Italia y Alemania; ¿qué va a suceder a medida que esas economías se vayann enfriando, a medida que la concesión de créditos vaya tendiendo a cero?; ¿qué va a suceder cuando aquí vaya pasando eso mismo?.

En el interior se matricula el otro 18%; y Anfac ha dicho que en el 2011 el mercado nacional puede haber retrocedido el 40%: al tamaño de 1993. Pienso que será más, mucho más porque la crisis va a afectar en el reino mucho más de lo que se está admitiendo, pero bueno, para la pregunta que viene a continuación tanto da que se vendan aquí 200 o 300 miles de vehículos al año: ¿cuál es el tamaño ‘normal’ del mercado español?, porque claro, en 1993 la deuda privada española era del 65% del PIB, hoy supera el 200%; en otras palabras: ¿cuántos coches puede absorber el consumo español en una atmósfera de no-crédito y/o de crédito restringido?. Mi sugerencia: que alguien calcule eso.

En resumen, ¿qué va a pasar con el mundo del automóvil?. La respuesta es fácil de imaginar, ¿verdad?. El problema es que en la economía española, el coche genera el 15% del PIB (en la catalana, mucho más: un alto representante sindical que se hallaba en el estudio de TV habló de ‘monocultivo’), y eso es mucho, mucho.

Los sindicatos argumentan: ‘Tan sólo el 7,5% de los costes de un automóvil son atribuibles al factor trabajo’, cierto, ¿y?. Las reducciones de producción que en el automóvil se están produciendo, las que se continuarán produciendo, las deslocalizaciones, ya no son -ya no serán- únicamente debidas al coste de la mano de obra, es algo mucho más profundo que afecta a un modo de vida: al transporte individual, al crédito como medio de pago y al desperdicio de recursos, y ese modo de hacer tiene los años contados.

¿Los 800 millones del último paquete de ayudas que le van a dar al subsector?: unos cuantos meses: poco más.

Pero volvamos a donde empezamos: al exceso de capacidad y a la ineficiencia del automóvil como medio de transporte. Se dice que en el reino hay un stock ‘para vender’ de un millón de automóviles, bien, supongamos que cien mil sean un stock lógico si las cadenas logísticas y de fabricación funcionan correctamente, ¿si?, pues bien lo que tenemos son 900.000 automóviles que no tenían que haber sido fabricados; en Francia sucederá algo parecido, y en Alemania, y ….

Pero claro, no haber fabricado esos 0,9 millones de automóviles supone que la cantidad de factor trabajo que se ha utilizado en fabricar sus componentes y en ensamblar sus elementos, no se hubiera utilizado, significa que unos transportes que se han realizado no se hubiesen realizado, que unos movimientos financieros que se han hecho, tanto a nivel de fabricante como de concesionarios y compradores, no hubieran tenido lugar. Es decir, desempleo, subutilización de otras capacidades, menor consumo derivado, … lari, lari, lari, lari… menos PIB.

‘Es lo mismo que está pasando con los pisos’, dirá alguien, si, pero peor porque los automóviles que a lo largo de su vida tendrá una persona generan más PIB del que genera el piso en el que esa misma persona va a residir durante el tiempo que viva, a no ser que esté cambiando la cocina y el cuarto de baño cada año.

El automóvil no ha sido un invento, sino EL invento. Utilizando la esencia del Capitalismo: el individualismo, y llevando hasta el límite una de sus necesidades: la movilidad, el automóvil ha sido el elemento característico del último siglo. Lo tenía todo: transportaba bienes y personas, llenaba tiempo de ocio de esas personas, era susceptible de ser mejorado en multitud de aspectos, y generaba PIB, mucho PIB; si eso sucedía en una atmósfera en la que se pensaba que la cantidad de commodities de que se disponía era ilimitada, el automóvil, como hemos dicho, era EL invento.

Pero se acabó. Todas las compañías automovilísticas de todos los países tienen algún tipo de problema de mayor o menos calibre. Todas. Y todas plantean planes para, o bien, de entrada, hacer cosas con el objetivo de volverse más pequeñas, o bien, dejar de producir durante un tiempo para acabar cerrando una serie de plantas o para reducir tamaño.

Claro, claro, ya sé: ‘la culpa es de los bancos que no dan créditos’, se dice, se dice, pero en el fondo todos sabemos que eso no es cierto. El origen de problema reside en que se tenía que continuar creciendo y hemos echado mano a lo que más a mano teníamos. Y lo más sencillo ha sido que una marca automovilística incrementase su capacidad productiva a base de créditos, que fabricase un porrón de automóviles financiándolos a crédito, y conceder capacidad de endeudamiento a una serie de personas para que adquiriesen esos automóviles, a crédito, naturalmente, unos automóviles altamente ineficientes utilizados ineficientemente.

Bien, estuvo bien mientras duró, pero es un tinglado que se está acabando; como en las antiguas máquinas de millón: “Game Over”.

Santiago Niño Becerra. Catedrático de Estructura Económica. Facultad de Economía IQS. Universidad Ramon Llull.



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Las verdades y mentiras de Bolonia. Texto en respuesta al elaborado por la Universitat Pompeu Fabra

LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA MIENTE Y DESINFORMA:

Las Respuestas REALES a las preguntas del documento manipulador que ha elaborado la UPF.

El principal problema de Bolonia: la desinformación.

Es cierto que hay un problema de desinformación sobre el proceso de Bolonia. Pero pretender que los estudiantes se movilicen porque no han entendido los textos legales, como aseguran los rectores y la prensa es mentira. Procuraremos contestar punto por punto la ofensiva informativa que la Universitat Pompeu Fabra ha iniciado usando su página web o, mejor dicho, abusando de ella. Utilizaremos las preguntas que ellos plantean pero reelaboraremos las respuestas, explicitando la fuente de información, con datos reales.

Qué es cierto y qué es falso en lo que respecta a Bolonia:

1. Sólo podrán estudiar los ricos! Como Bolonia exige una dedicación a tiempo completo, los que tenemos que trabajar para pagarnos los estudios, ya no lo podremos hacer.

CIERTO. Un crédito ECTS, que son los créditos de Bolonia, son entre 25 y 30 horas de trabajo. Eso supone que quien se matricule de las asignaturas que corresponden a un curso tendrán que dedicar 40 horas semanales a sus estudios. Eso es equivalente a una jornada laboral completa. No es solo que no se pueda estudiar y trabajar a la vez, que ya era difícil, es que se hace complicado hacer cualquier actividad paralela. Es cierto que existe la posibilidad de demandar estudios a tiempo parcial, pero para acogerse a esta opción se han de cumplir una serie de requisitos determinados que, además, no están unificados, por lo que no es una cosa que se pueda elegir libremente.

Lo puedes comprobar tú mismo en la web de información sobre el ECTS de la Comisión Europea. .

2. Sí, pero Bolonia elitiza el conocimiento. Porque la reforma devalúa los estudios de grado y ahora la diferencia específica la aportarán los másteres que se ofrecerán a precio de mercado. ¡De nuevo, solo aquellos con más recursos podrán acceder a estudios de calidad!

CIERTO. No es que los estudiantes digamos que los grados se devalúan, es que lo dice la propia Associació Catalana d'Universitats Públiques, el organismo que agrupa a todos los rectores catalanes en el folleto que editó bajo el título "Respostes sobre l'Espai Europeu d'Educació Superior" ("Respuestas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior"). En la página 2 de este folleto hay un cuadro que compara la estructura antigua y la estructura nueva (Bolonia). Ahí se ve de manera muy clara que un graduado, para obtener el mismo reconocimiento que un titulado, tiene que hacer un máster. Un ejemplo claro es el de todos aquellos graduados que quieran ser maestros: hasta ahora, se tenía bastante con hacer una licenciatura y el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) que cuesta cerca de 500 euros (tomando la UAB como ejemplo orientativo). A partir de ahora tendrán que hacer un máster (de 60 créditos y a precio de máster) según establece la Orden Ministerial ECI/3858/2007, de 27 de diciembre.

Lo puedes comprobar tú mismo en la web de la ACUP (en catalán), desde donde se puede descargar el díptico , en la web de la UAB (en catalán) y en el BOE nº 312, disponible en .

3. (...) ¡Estos másteres serán mucho más caros y a precio de mercado!

CIERTO. Como dice el documento elaborado por la UPF "para las Universidades catalanas es la Generalitat la que, anualmente, fija los precios de los créditos (mediante un drecreto publicado en el DOGC) que, para el curso 2008-2009 oscila entre los 16,01 y los 29,88 euros/crédito, según los estudios". También es cierto que "Bolonia ofrece, por primera vez, la posibilidad de cursar másteres a precios públicos". Pero eso es todo lo que hay de cierto en el documento de la UPF. El problema es que, como ha quedado argumentado anteriormente, será necesario, además del Grado, hacer un máster para obtener el mismo reconocimiento que hasta ahora se tenía con solo una Licenciatura. Por lo tanto, habrá que pagar para obtener este reconocimiento, además de las tasas del Grado, las tasas del máster que, incluso a precio público, son mucho más elevadas. El otro problema es que, por ejemplo, en la Universitat Autònoma de Barcelona, el 80% de la oferta de másteres son privados.

Lo puedes comprobar tú mismo en la investigación que ha hecho el grupo Especial Bolonya sobre los másteres de la UAB (en catalán), que cita fuentes concretas de la propia universidad. y al Decreto 150/2008, de 29 de julio, recogido en el DOGC, nº 5.185 (en catalán) .

4. Sí, pero, ¿y sí teniendo precios públicos no puedo pagarme un postgrado y he de renunciar? Porque con Bolonia las becas desaparecen y serán sustituidas por préstamos-renta (préstamos bancarios que tendré que devolver con intereses).

PARCIALMENTE CIERTO. El gobierno español ha puesto en marcha un sistema de préstamos para universitarios, que no sustituirá a las becas, pero asimismo son una perversión. El documento elaborado por la UPF explica: "estos préstamos son una posibilidad más que se ofrecen a los estudiantes para cursar sus estudios de postgrado, un plus al resto de becas y ayudas que se continuarán ofreciendo. El periodo de devolución del préstamo comenzará una vez acabado el postgrado, y, únicamente en caso de que el graduado haya logrado (y mantenido) un nivel de renta superior a 22.000 euros anuales. Si después de 15 años estos requisitos se cumplen, el préstamo (o la parte que queda por devolver) prescribirá". Eso es cierto. ¿Pero quién pagará los préstamos condonados y los intereses que se perdonen a los estudiantes? El Estado. ¿A quién le pagará el Estado, con dinero público, este dinero? A una serie de bancos adheridos a este sistema. ¿Y no sería mejor que este dinero se utilice para dar becas de verdad en vez de enriquecer a estos bancos, que ya ganan bastante dinero? Esta es una de las grandes problemáticas de Bolonia.

Puedes comprobar tú mismo la veracidad de estas informaciones en la web que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha preparado sobre las becas-préstamo, rebautizadas ahora como becas-renta: . Y en la web del Instituto de Crédito Oficial: .

5. Bolonia no quiere mejorar la educación sino formar profesionales que trabajen en las empresas. Con Bolonia se mercantiliza el conocimiento.

CIERTO. Lo mejor que se puede hacer para corroborar esta sospecha es escuchar las palabras de los que saben qué es la docencia en la educación superior. Carlos Fernández Liria, profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, considera que Bolonia "en realidad se trata del equivalente a una reconversión industrial en el mundo académico. Su objetivo es poner a la universidad pública al servicio de las empresas", y añade que "las universidades públicas deberían poder ser financiadas con criterios académicos autónomos, que se conformen según los intereses de la razón y no los del mercado" (son citaciones textuales del artículo Golpe de estado en la academia, publicado en el diario "Público" el 27 de mayo de 2008). Rafael Escudero Alday, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, opina que "la consecución de una formación general y humanista, labor clásicamente encomendada a las universidades, resulta ajena a lo que el mercado demanda. En la tensión entre formación integral y máxima especialización ha vencido esta última, relegando a las universidades al papel de altas escuelas profesionales" (es una citación textual del artículo Universidad y Bolonia publicado en el diario "Público" el 8 de noviembre de 2007). Muchos docentes lo tienen claro, tambien José Luis Pardo, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, que considera que "lo que las autoridades políticas no dicen (...) es que bajo este nombre pomposo (Proceso de Bolonia) se desarrolla en España una operación a la vez más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a (...) someter enteramente el (...) régimen de funcionamiento de las universidades a las necesidades del mercado y a las exigencias de las empresas, futuras empleadoras de sus titulados" (lo dijo en el artículo La descomposición de la universidad que publicó el diario "El País" el pasado 10 de noviembre de 2008).

Fuentes: , y .

6. Serán las empresas las que condicionarán los planes de estudios. Con Bolonia, las universidades perderán autonomía.

CIERTO. Bolonia implica muchos cambios que seguro que tendrán una incidencia a nivel de gestión muy marcada y la efectividad de las cuales está por demostrar. Lo que no está por demostrar es que hará falta mucho dinero para aplicar estos cambios. ¿De dónde saldrán? La ministra Cristina Garmendia, encargada de las universidades, dejó bien claro en una entrevista a "La Vanguardia" (18/11/2008) donde se le preguntaba sobre el proceso de Bolonia que su apuesta era el mecenazgo: "Que la empresa encuentre instituciones importantes en las que volcar su mecenazgo no está relacionado de ninguna manera con la privatización de las universidades". El mecenazgo, en pocas palabras, consiste en que las empresas den dinero a la universidad, presuntamente a cambio de nada. Cuesta creer que no pedirán contraprestaciones y encontrarán la manera de presionar para conseguir que la docencia y la investigación les sean favorables, en cualquiera de los sentidos. El que paga, manda.

Fuente:

7. Las agencias solo aprobarán los planes de estudio de aquellas carreras que interesen a las empresas.

La ANECA no es transparente. Por agencias, se hace referencia a los organismos certificadores, como la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). La ANECA es la encargada de dar el visto bueno a los proyectos de grado que las universidades envían. Pero tiene tan poco respeto hacia las normas mínimas de transparencia que ha conseguido enfadar tanto al profesorado como a los estudiantes, hecho que queda reflejado de manera muy gráfica en dos titulares, en este caso, del diario "ABC": Acusan de "opacidad" a la ANECA en la puesta en marcha del proceso de acreditación (15/01/08) y La ANECA crispa a los rectores (13/05/08). Hasta que la ANECA no sea transparente, seguirá habiendo sospechas de que las agencias favorecen los planes de estudio que quieren las empresas.

Fuente: y .

8. Sí, pero para obtener el título de grado será necesario un año de prácticas en empresas, lo que se traduce en un año de trabajo no remunerado.

PARCIALMENTE CIERTO. El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, abre la posibilidad a que se hagan hasta 60 créditos de prácticas. Eso se traduce en que los estudiantes de algunas facultades puedan encontrarse trabajando para una empresa un año entero sin cobrar y encima pagándolo como créditos.

Lo puedes comprobar tú mismo consultando el texto del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que se puede encontrar en el BOE nº 260 .

9. ¿Qué pasa con la investigación científica? Con Bolonia, la investigación pasará a estar guiada por criterios estrictamente empresariales y de rentabilidad económica.

NO SE SABE SI ES CIERTO O FALSO, todavía. Ya lo veremos. Pero es bastante probable. Por lo que respecta a este punto, hemos de remitirnos a las opiniones de docentes anteriormente citados y a la propuesta ministerial de cubrir con mecenazgo los nuevos gastos para entender cómo es posible que la rentabilidad económica sea lo que acabe decidiendo sobre lo que se investiga.

10. En cualquier caso, las leyes reguladoras de este país se continúan aprobando sin un debate público indispensable, un debate donde se escuchen las voces de los estudiantes, de los profesores universitarios y, sobre todo, de la ciudadanía. Un proceso como este, que supone un cambio tan sustancial en el sistema educativo, no puede realizarse por una decisión impositiva de los dirigentes de la Unión Europea.

TOTALMENTE CIERTO. Europa no tiene competencias en Educación Superior, por lo que puede hacer declaraciones como la de Bolonia, otras posteriores u organizar cumbres, pero nunca se puede hablar de vía impositiva, y los responsables de las Leyes que surgen a partir de Bolonia son aquí los gobiernos estatales, autonómicos y de las universidades. Es una verdad a medias decir que Bolonia viene refrendada por el Parlamento Español, que se basa en democracia representativa porque el partido de gobierno actualmente, el PSOE, cuando estaba en la oposición, dijo que derogaría la LOU (Ley Orgánica de Universidades, una Bolonia a la española). Y no solo no la ha derogado, sino que la ha apuntalado con una reforma. Con mentiras no hay democracia. La Ley de Universidades de Cataluña, que es lo que se ha hecho en el ámbito autonómico, dice directamente en su preámbulo que "las aportaciones del Govern de la Generalitat se han de limitar a la oferta universitaria, que se presta con carácter no empresarial, en previsión de la liberalización de este sector en el marco de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio", muy en consonancia con la LOU estatal que se tenía que derogar. A nivel universitario, en los órganos de gobierno, los estudiantes manifiestan reiteradamente su oposición, con el soporte de buena parte del personal docente y profesorado. El problema es que la LOU establece unas cuotas de representación de los diferentes colectivos que imposibilitan de facto, o como mínimo dificultan mucho, el traslado de estas reivindicaciones a los poderes decisorios finales. La universidad tiene regulada legalmente una autonomía y democracia interna (un pequeño parlamento, un pequeño presidente, etcétera) que la ciudadanía otorgó para que fuese una institución totalmente libre en investigación y en docencia, sin tener que rendir cuentas con nadie, el mínimo exigible sería un referéndum que posibilitase tener datos reales sobre la opinión de la comunidad universitaria en su conjunto. Los rectores se niegan: tienen miedo de los resultados.

No es cierto que los rectores se hayan mostrado dialogantes con los estudiantes, ni tan siquiera con los profesores. En su mayoría han seguido una política de "diálogo, sí; pero de entrada: no llegaremos a ningún acuerdo".

Puedes comprobar la veracidad de estos datos en la web del Foro Europeo de Estudianes, donde hay un vídeo en el que se ve al Presidente Zapatero comprometiéndose a derogar la LOU y , y en el DOGC nº 3826, donde se encuentra (en catalán) la Ley 1/2003 de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña .

¡EXTRA!

Estos apartados no están incluidos en el documento mentiroso de preguntas y respuestas sobre Bolonia elaborado por la UPF, pero los incluimos nosotros por su importancia.

¿Bolonia es movilidad?

NO. Bolonia no garantiza que te puedas mover con más facilidad por Europa: se sigue con el programa Erasmus, como hasta ahora. La movilidad depende de los recursos que haya para ejercerla. Defender Bolonia como una mayor movilidad es, por lo tanto, una manipulación.

Más información (en catalán) en .

¿Bolonia es homologación en toda Europa? ¡Eso está muy bien!

NO. Las leyes de aplicación de Bolonia en España lo dejan muy claro. No hay mecanismos de reconocimiento automático de títulos previstos. La homologación es, en cualquier caso, parcial. Para conseguir el reconocimiento de un título se puede exigir a alguien que ya lo tiene la realización de exámenes, la realización de periodos de prácticas, proyectos o trabajos, o bien la asistencia a cursos. Por lo tanto, no es cierto que se pueda ir de un país a otro de la Unión Europea con un grado y esperar un reconocimiento inmediato.

Lo puedes comprobar tú mismo en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre ; en el Real Decreto de Grados , en concreto en el Artículo 16.2, y en la página web del Ministerio de Educación, concretamente donde se informa de los requisitos formativos complementarios ;.

¿Todavía hay motivos para seguir confiando en el Proceso de Bolonia?

Este documento ha surgido después de horas de discursión y análisis de diferentes estudiantes: cualquier persona que haya participado en alguna de estas discursiones y comparta el contenido es, en parte, autor de este texto. Por ello, y con la esperanza de que el máximo número de entidades, colectivos, organizaciones, etcétera, lo hayan suyo, y lo distribuyan para asegurar su máxima difusión, queda cedido al dominio público (en catalán) en .

Contacto: bolonyamercantilitza@gmail.com


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