La decisión judicial de retirar los crucifijos de un colegio de Valladolid vuelve a demostrar el peso que la Iglesia católica mantiene en espacio públicos, tras 30 años de la declaración de aconfesionalidad del Estado.
La necesidad de la separación entre Iglesia y Estado ha vuelto a quedar en evidencia. Treinta años después de la aprobación de la aconfesionalidad del Estado, esta es una tarea pendiente. “Se estaban incumpliendo los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, como se refleja en la sentencia: ‘El Estado no puede adherirse ni prestar su respaldo a ningún credo religioso ya que no debe existir confusión alguna entre los fines religiosos y los fines estatales”, explica Fernando Pastor, uno de los impulsores de la denuncia que realizó la Asociación Cultural Escuela Laica (ACEL) para que los crucifijos no se mantuvieran en el colegio público Macías Picavea de Valladolid.
Una sentencia que se hizo pública días antes de las celebraciones del 30º aniversario de la Constitución. Una demostración de la influencia que, más de 30 años después de finalizar el régimen nacionalcatolicista, mantiene la religión católica en el Estado español. A pesar de la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid estos crucifijos continúan en su sitio. Al igual que en el colegio Isabel La Católica de dicha localidad, donde existe otra denuncia similar.
“La Junta de Castilla y León había decidido no recurrir, pero según nos han filtrado, tras una reunión con el Arzobispado y algunos miembros de los sectores religiosos más integristas, han cambiado de posición”, denuncia Pastor. No es la primera vez que la escuela se rebela ante la simbología religiosa. Desde 2004 más de 50 organizaciones se han reunido en la campaña ‘Por una escuela laica: Religión fuera de la escuela’, entre ellas la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que exige “la retirada de todo tipo de simbología religiosa de las instalaciones de los centros educativos públicos, para garantizar los derechos de todo el alumnado”.
Es muy “difícil saber si en alguno de los 16.000 centros escolares no universitarios de titularidad pública existen. A no ser que haya una denuncia de por medio”, aclara Francisco Delgado, presidente de Europa Laica.
Más allá de los colegios
Los privilegios de la Iglesia llegan también fuera de las aulas, y eso que con ella están relacionados el 80% de los centros concertados. La lista se alarga hasta su presencia en el Ejército, los beneficios fiscales o la jura ante la Biblia de altos cargos gubernamentales. “La sentencia de Valladolid ha de servir de punto de partida para un proceso de ‘desclericalización’ de la sociedad española. No sólo debe afectar a a las escuelas, también tanto a la escasa neutralidad del Estado en cuanto a la exhibición de iconos religiosos en el espacio público, como a las fuentes de financiación de las iglesias.
No olvidemos que en estos días comenzaremos a ver belenes en delegaciones de Hacienda o ayuntamientos, por ejemplo. Pero al mayor obstáculo al que nos enfrentamos en esta supuesta democracia es el concordato con el Vaticano”, denuncia Paco Miñarro, coordinador de la Federación Internacional de Ateos (FIdA). “¿Símbolos religiosos en edificios públicos? Ni de coña. ¡Denúncialos!”, es la campaña que esta asociación acaba de iniciar en el blog nosimbolos.blogspot.com.
Pero no siempre es la Iglesia la que acude a los organismos públicos. Los máximos representantes políticos también presiden procesiones y actos religiosos, al igual que miembros de la policía o militares, y todavía persisten los funerales católicos de Estado. “Los miembros de la corporación municipal de Zaragoza, por ejemplo, están obligados por un reglamento de protocolo a asistir a actos solemnes como la celebración del Corpus o del Viernes Santo”, explica Antonio Aramayona de Movimiento Hacia un Estado Laico.
Una postura también defendida desde sectores confesionales para evitar polémicas. “Abogamos por un ‘pacto por la laicidad’ entre confesiones religiosas y el Estado que regule todas estas situaciones”, explica Raquel Mallavibarrena, de Somos Iglesia, colectivo que también forma parte de Redes Cristianas que en septiembre denunciaba en el Manifiesto por la Laicidad “la actual presencia de la religión confesional católica en el sistema educativo y en la escuela pública y concertada” y que defiende la laicidad escolar.
El PSOE mira para otro lado Aunque los socialistas de Castilla y León exigieron inmediatamente a la Junta que aplicara la resolución judicial, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, apostaba por respetar la autonomía de cada centro para decidir sobre la presencia o retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos, en contra de la sentencia hecha pública unos días antes en Valladolid. “El PSOE mantiene una continua doble moral. Se considera laicista, pero no quiere suscitar la tormenta de una polémica. Le tiene pánico a la Iglesia porque tiene una estructura diseñada para movilizar a masas, y mucha experiencia en hacerlo”, explica Mila Carrero, de Cáceres Laica.
Y mientras, la Iglesia sigue a lo suyo. Tras ser reelegidos los máximos representantes en la XCII asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, su portavoz, Juan Antonio Martínez, afirmaba: “La presencia de los símbolos religiosos en la vida pública es una garantía de libertad frente al totalitarismo”. Una postura que Miñarro incluye en el ‘laicismo inclusivo’ que considera “la identificación del crucifijo con una ‘herencia cultural y filosófica’ europea”.
“Una corriente mayoritaria en el aparato del PSOE que está abierta a la colaboración con las diversas iglesias. Pero este ‘multiconfesionalismo’ no tardará en mostrar sus deficiencias”, denuncia el coordinador de FIdA. Aunque en 30 años la aconfesionalidad no ha logrado imponerse a una de las rémoras de la herencia franquista.
