En un artículo anterior, Andy Worthington, autor de “The Guantánamo Files”, examinaba las razones por las que Barack Obama debe mantener su promesa electoral de cerrar la prisión de la “Guerra contra el Terror” en la Bahía de Guantánamo, y se centraba en la insensibilidad y desprecio de la administración Bush por las leyes internas e internacionales, en su búsqueda de un poder ejecutivo irresponsable, en los alarmantes efectos de su política de ofrecer pago de recompensas por los sospechosos de pertenecer a los talibanes y al-Qaida, en las igualmente alarmantes ramificaciones de su negativa a someter a los prisioneros a las Convenciones de Ginebra y en los corruptos tribunales establecidos en Guantánamo que aprobaron automáticamente la denominación de los prisioneros como “combatientes enemigos”. El presente artículo examina cómo podría cumplirse la promesa de Barack Obama de cerrar la prisión.
Los 50 prisioneros pendientes de liberación
Se ha aprobado ya que, de los 255 prisioneros que actualmente siguen en Guantánamo, 50 sean puestos en libertad –muchos de ellos llevan al menos tres años esperando-, pero allí siguen, la mayoría encarcelados en condiciones que aniquilarían la capacidad de recuperación de los más empedernidos criminales acusados dentro de Estados Unidos, y todo ello por dos razones particulares: La primera porque proceden de países con niveles notoriamente bajos de respeto a los derechos humanos (incluyendo a China, Libia, Siria, Túnez y Uzbekistán), de regímenes inestables, como Iraq, y no se les puede enviar allí porque los tratados internacionales impiden que se devuelva a nacionales extranjeros a países donde pueda haber riesgo de que sean sometidos a tortura. La segunda razón es que la insistencia de la administración en que siguen siendo “combatientes enemigos” (o en que “ya no son combatientes enemigos”) ha disuadido de a otros países de acogerlos. Y aunque algunos representantes del Departamento de Estado hayan estado dando la vuelta al mundo durante los últimos años intentando reubicar a algunos de esos hombres, el único tercer país que ha decidido aceptar a algunos de ellos es Albania, que en 2006 acogió a ocho ex prisioneros.
Tengo información fidedigna de que hay ciertos funcionarios de carrera en el Departamento de Estado que han estado esperando ansiosamente la llegada de una nueva administración con la esperanza de que eso pueda facilitar una mejor cooperación entre EEUU y sus aliados en Europa, y que algunos de esos países puedan estar ahora dispuestos a ayudar a EEUU a salir del agujero cavado por la administración Bush, que habitualmente empeora aún más las cosas criticando a otros países por no prestarle ayuda al respecto. Por ejemplo, en agosto de 2007, el Presidente Bush afirmó: “Ya dije que era un objetivo de la nación cerrar Guantánamo”, añadiendo, “pero tengo que dejar claro que parte del retraso se debe a la desgana de ciertas naciones para acoger a algunos de los que allí tenemos”.
A este fin, varias importantes organizaciones legales y de los derechos humanos –incluida Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro por los Derechos Constitucionales- lanzaron el 10 de noviembre una campaña en Berlín con el objetivo de persuadir a los países europeos a que aceptaran a los prisioneros liberados de Guantánamo. Es un intento loable, pero es claramente intolerable que esos hombres sigan aún encarcelados en Guantánamo (y, si las cosas no cambian, hará que la misión de Barack Obama de cerrar la prisión devenga en algo imposible), pero si el Presidente electo desea realmente hacer bien las cosas, debería enviar también un mensaje positivo a los aliados extranjeros de Estados Unidos, para después mover ficha el primero permitiendo que los 17 uigures que quedan en Guantánamo (musulmanes de la provincia china de Xinjiang, que habían huido a Afganistán para escapar de la persecución china) se queden en Estados Unidos.
Los uigures lograron una victoria importante este verano, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que los prisioneros de Guantánamo tenían derecho al habeas corpus constitucional. Este dictamen abrió cientos de casos de habeas que estaban estancados en tribunales menores tras la aprobación del Acta sobre el Trato a los Detenidos de 2005 y el Acta de Comisiones del Ejército de 2006, que pretendían eliminar el derecho de los prisioneros al habeas corpus garantizado por el Tribunal Supremo en 2004. Cuando el primero de esos casos, el de un prisionero uigur llamado Huzaifa Parhat, fue finalmente revisado por el Tribunal de Apelaciones en Washington DC, los jueces dictaminaron que la designación de Parhat como “combatiente enemigo” no tenía validez, y ridiculizaron la “prueba” del gobierno buscando semejanzas y pruebas en un absurdo poema de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas [*].
En los meses siguientes se fueron viniendo abajo los casos contra los 17 uigures cuando el gobierno admitió que “no servía de nada” continuar intentando probar que Parhat era un “combatiente enemigo”, y después hizo lo mismo con sus 16 compatriotas. En octubre, cuando el juez Ricardo Urbina del tribunal de distrito estadounidense en Washington DC celebró una vista para determinar que sucedería con los uigures, declaró: “Debido a que la Constitución prohíbe las detenciones indefinidas sin motivo, es ilegal que prosigan detenidos”. Además, al no haberse encontrado ningún país que acogiera a los hombres, ordenó su liberación al cuidado de las comunidades de la zona de Washington DC, y Tallassee, Florida, que habían elaborado juntos planes detallados por su reasentamiento en Estados Unidos.
Ese fue un momento de orgullo para la justicia estadounidense, pero los uigures no llegaron nunca a Washington DC ni a Tallassee. Bien al contrario, el gobierno apeló, el Departamento de Justicia puso en marcha las viejas y desacreditadas acusaciones de que los hombres tenían conexiones con el terrorismo (bloqueando así los intentos de encontrar un tercer país de acogida) y a la semana siguiente, en un resumen preparado para la vista, afirmó que la rama del ejecutivo “tiene autoridad para mantener extranjeros detenidos incluso aunque no estén considerados como enemigos de EEUU”, añadiendo, por si no fuera suficiente ya: “incluso aunque la detención sea indefinida, sigue siendo legal”.
Esta situación es claramente intolerable. Como únicos prisioneros de Guantánamo que alguna vez persuadieron a la administración Bush a abandonar sus proclamas de que son “combatientes enemigos”, los uigures se merecen el ancla de salvación que les lanzó el Juez Urbina. Si la apelación va en su contra, la nueva administración debería hacer una prioridad de su liberación en EEUU.
Los 80 prisioneros que tienen programado enfrentarse a juicio de la Comisión Militar
El Presidente electo Obama ha prometido ya revocar el Acta de las Comisiones Militares, que reactivaron los profundamente mal fundados “juicios al terror” de la administración Bush después de que el Tribunal Supremo las declarara ilegales en junio de 2006. Esto debería ser absolutamente prioritario tras el 20 de enero de 2009, y debería ir acompañado de una revisión rigurosa e independiente de los casos contra los 80 o más prisioneros que se enfrentan (o que tienen fijado enfrentarse) a juicio ante la Comisión Militar.
Lo que es preciso señalar es que la cifra de la administración puede reducirse sin dificultad alguna. De los 17 prisioneros que actualmente se enfrentan al juicio de la Comisión Militar, por ejemplo, dos –Omar Khadr y Mohamed Yawad- eran menores de edad cuando fueron atrapados, y habrían sido rehabilitados más que castigados bajo los términos del Protocolo Opcional de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia (sobre la implicación de niños en los conflictos armados). Además, se han expresado dudas importantes sobre la fuerza de las pruebas presentadas contra ellos, con afirmaciones hechas por sus abogados defensores militares (y, en el caso de Yawad, por su anterior fiscal, que dimitió en septiembre) de que se habían suprimido deliberadamente pruebas vitales para la defensa. Además, otros tres de esos 17 son insurgentes afganos de bajo perfil que no están acusados de matar a fuerzas estadounidenses y que no tienen conexión alguna con al-Qaida. Todos estos prisioneros deben ser liberados.
Otros de los que han expresado dudas acerca de las cifras del Pentágono son varios altos funcionarios que hablaron con el New York Times en 2004, cuando en Guantánamo había un total de 749 prisioneros. En las entrevistas, explicó el Times, “docenas de militares de alto nivel, funcionarios de inteligencia y quienes trabajan por el reforzamiento de la ley en EEUU, Europa y Oriente Medio han manifestado que, al contrario de lo repetidamente afirmado por altos cargos de la administración, ninguno de los detenidos en la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo tenía rango de dirigente o de alto operativo de al-Qaida. Dijeron que sólo un relativo puñado –algunos indicaron la cifra de una docena, otros que dos docenas- podían ser miembros de al-Qaida o podían haber participado en trabajos internos de la organización”.
A todos ellos pueden añadirse algunos más, o quizá la mayoría de los diez prisioneros trasladados a Guantánamo desde prisiones secretas de la CIA en septiembre de 2004, los catorce “detenidos de alto valor” –incluido Jalid Sheij Mohammed y otros supuestos conspiradores del 11-S- que fueron transferidos en septiembre de 2006, y dos de los seis prisioneros que llegaron a Guantánamo entre marzo de 2007 y marzo de 2008. Estos prisioneros –más o menos entre 35 y 50 en total- son los únicos que serían trasladados al continente para enfrentar juicios en tribunales federales.
Es inevitable que haya algunos problemas –por ejemplo, el tener que proteger fuentes confidenciales de inteligencia, y, sobre todo, habría que examinar las pruebas obtenidas mediante tortura-, pero no puedo encontrar otras alternativas. Según se están llevando a cabo, los juicios son una abominación y están impregnados de parcialidad sistémica favorable a la acusación, y propicios a que se dice una sentencia de cadena perpetua basándose sólo en una tendenciosa parodia de juicio (como la de Ali Hamza al-Bahlul), que pasó en gran medida desapercibida en la semana anterior a las elecciones presidenciales.
Mantener para siempre a los prisioneros sin acusación ni juicio es claramente una solución insostenible que sencillamente perpetuaría los crímenes de la administración Bush, y las recientes sugerencias –tanto de demócratas como de republicanos- de que debería promoverse un nuevo sistema de juicios, o que debería introducirse una forma de “detención preventiva”, representan precisamente una reminiscencia de la arrogancia de los años de Bush e indican que todos aquellos que los proponen no han aprendido aún absolutamente nada de los abusos cometidos contra la Constitución en los últimos siete años.
Además, hay un problema más que el Presidente podía tener que lidiar tan pronto como tome posesión del puesto y que concierne a Salim Hamdan, el conductor de Osama bin Laden que fue acusado de apoyo material al terrorismo (aunque liberado del cargo de conspiración) en un juicio que se celebró el verano pasado. Hamdan fue sentenciado a cinco años y medio de cárcel, pero su juez, el capitán de navío Keith Allred, tuvo en cuenta el tiempo que lleva encerrado desde que fue primeramente acusado, lo que significa que habrá cumplido su sentencia a finales de año. Allred se negó a doblegarse a las presiones del Departamento de Defensa, que trató de proclamar que no tenía derecho a que se le tuviera en cuenta el tiempo que llevaba en la prisión, pero el Pentágono puede aún declarar que tiene derecho a continuar reteniendo a Hamdan como “enemigo combatiente”, incluso después de agotar su sentencia.
Al igual que la intolerable situación de los uigures, esto es completamente injustificable, porque Hamdan fue condenado por un jurado militar en un juicio ideado por la misma administración, pero si el Presidente saliente insiste en mantener a Hamdan una vez que cumpla su sentencia, el Presidente Obama tendrá que asegurar que se le permita volver con su familia en el Yemen.
Los 125 prisioneros que no pueden ser liberados por ser “demasiado peligrosos”
El concepto de que puede haber prisioneros “demasiado peligrosos para liberarles pero no lo suficientemente culpables como para enjuiciarles” es otro de los distintivos del desprecio por la ley de la administración Bush, pero esta idea está siendo también apoyada por los entusiastas de una nueva política de “detención preventiva”. Sin embargo, su fundamento es también injustificable. Como espero haber demostrado en mi anterior artículo, en el que diseccionaba los fallos de los interrogadores de Guantánamo a la hora de distinguir entre inteligencia genuina y confesiones falsas obtenidas por el uso de la tortura, coacción o sobornos, no hay razón alguna para situar a esos prisioneros ni siquiera a los más bajos peldaños de una jerarquía terrorista, y sí todas las razones para seguir las conclusiones a las que llegaron funcionarios de inteligencia y altos cargos del ejército: que no más de 35 a 50 de los prisioneros tenían una conexión significativa con al-Qaida.
Hay en estos momentos alguna esperanza en que las revisiones del habeas de los prisioneros demostrarán la debilidad de las pruebas presentadas por el gobierno contra esos 125 prisioneros. Por ejemplo, en el caso de seis bosnios acusados de complot para volar la embajada de EEUU en Sarajevo, la revisión de su habeas empezó con el abandono de la demanda por el gobierno (que, debería indicarse, fue desestimada por el gobierno bosnio en enero de 2002, antes de que los hombres fueran secuestrados y enviados a Guantánamo), y parece probable que otros casos también verán como el gobierno abandona sus “pruebas” antes de que los jueces puedan concluir, como hicieron los jueces del tribunal de apelación en el caso de Huzaifa Parhat, que son igual de fiables que el absurdo poema de Lewis Carroll.
Sólo puedo confiar en que continúen las revisiones del habeas y que éstas obliguen al gobierno a abandonar algunas más de sus redundantes proclamas contra los prisioneros, porque mi investigación ha aclarado sobre todo cómo las protestas de hombres inocentes –y de soldados talibanes de a pie reclutados para combatir en una guerra civil entre musulmanes que empezó mucho antes del 11-S y que no tenía nada que ver con al-Qaida- se vieron ensombrecidas con alarmante regularidad por las acusaciones hechas por anónimos “altos personajes de al-Qaida”, interrogados no se sabe cuándo ni en qué circunstancias, o por otros prisioneros que hicieron confesiones falsas, a menudo a escala monumental, con la esperanza de conseguir un trato más favorable. Ejemplos descarnados de ambas prácticas pueden encontrarse en varios sitios, pero se informa de muchos más en “The Guantánamo Files”, y sirven sobre todo para demostrar que el programa de detención de la “Guerra contra el Terror” al completo, según ha venido aplicándose en Guantánamo, se diseñó para suprimir la presunción de inocencia, centrándose exclusivamente en confirmar una predestinada culpabilidad.
Los 125 prisioneros en cuestión proceden de una variedad de naciones –unas cuantas docenas de afganos que aún quedan, varias docenas más de los países del Norte de África y del Golfo- pero la mitad pertenece al grupo más numeroso que queda en Guantánamo: los yemeníes. Al contrario de los 130 saudíes, que fueron en su mayoría liberados de Guantánamo en 2006 y 2007, una vez que el gobierno saudí promovió un programa de rehabilitación (que implicaba nueva formación religiosa y apoyo para encontrar esposa y empleo), y que contó con la aprobación de las autoridades estadounidenses, sólo 13 de los 108 yemeníes de Guantánamo han sido liberados, aunque ellos, como los saudíes, eran, en su mayoría, una mezcla de soldados talibanes de a pie y misioneros y trabajadores de la ayuda humanitaria, cogidos en una redada indiscriminada.
El problema, como se ha afirmado repetidamente, es que las autoridades estadounidenses proclaman que no están convencidas de que el gobierno yemení pueda garantizar que los hombres no continúen suponiendo una amenaza para los EEUU. Por su parte, como el Houston Chronicle informaba el 15 de noviembre: “Las autoridades yemeníes dicen que están preparadas para acoger a los hombres y encarcelar a los que están condenados, pero se quejan de que los funcionarios estadounidenses no quieren compartir las pruebas con que cuentan con ellos”. El ministro de asuntos exteriores yemení, Abu Bakr al-Kirbi, explicó: “Si nos basamos en la información que tenemos, algunos de los prisioneros de Guantánamo no tienen nada que ver con el terrorismo. No podemos encarcelarles sin la sentencia de un tribunal. No podemos hacer algo que va contra nuestras leyes. Somos responsables ante nuestro propio pueblo”.
Al-Kirbi tiene toda la razón en que algunos de los hombres no suponen una amenaza para nadie y no puede detenerlos sin motivo pero, para romper el punto muerto entre ambas partes, es necesario sentarse y negociar un acuerdo, quizá uno en que se implique al juez Hamoud Al-Hitar, presidente del Comité para el Diálogo de Yemen, que, como el Yemen Times informó el pasado diciembre: “quiere apartar a los extremistas de la violencia a través de una serie de sesiones de diálogo”. El programa de Al-Hitar cuenta con amplio reconocimiento al haber inspirado el exitoso programa de rehabilitación de los saudíes y, por tanto, está justificado que los gobiernos estadounidense y yemení se esfuercen en conseguir un programa adecuado para el Yemen que permita que Barack Obama cierre Guantánamo.
Una vez alcanzado ese hito podremos seguir adelante investigando todas las mentiras que están detrás de Guantánamo: las incontroladas prisiones en Afganistán e Iraq, que retienen alrededor de 39.000 prisioneros, y la desconocida cifra de prisioneros que siguen todavía bajo vigilancia secreta de la CIA, o que han sido entregados a terceros países para que les torturen y que constituyen los “Desaparecidos de Estados Unidos”.
N. de la T.:
[*] Puede consultarse en Rebelión el artículo del Sr. Worthington “Los juicios de Guantánamo”: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=73389
Andy Worthington es autor de “The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison (publicado por Pluto Press y la Universidad de Michigan Press). Su página en Internet es: www.andyworthington.co.uk
